Denuncian que 2.200 militares ocupan cargos en el Gobierno

El predominio de oficiales en la administración pública aumenta las
violaciones de los derechos humanos
Calculan que 1.000 funcionarios han
salido de la FAN por la politización

El carácter castrense del Gobierno , sustentado por el predominio de militares en la ocupación de cargos en la administración pública, tiene incidencia directa en las violaciones de los derechos humanos que se han cometido en el país desde que el presidente Hugo Chávez llegó al poder, dijo la abogada Rocío San Miguel, especialista en defensa y seguridad nacional.

Los cálculos de la Asociación Civil Control Ciudadano, dirigida por San Miguel, indican que más de 200 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional ocupan altos cargos en el Gobierno. Otros 2.000 oficiales se desempeñan en puestos medios y subalternos de la administración pública.

"El carácter militar del Gobierno en muchas áreas de funcionamiento es un factor determinante en las violaciones de derechos humanos que se han cometido en la última década, en algunos casos de manera sutil y en otros de forma masiva", dijo.

Denunció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados que una campaña de politización de la FAN, dirigida desde Miraflores, ha ocasionado el pase a retiro de entre 800 y 1.000 oficiales desde 2002.

"Se promueve una política muy perversa que deteriora progresivamente una institución que es de todos los venezolanos y que tiene prohibido trabajar en función de una parcialidad política o persona alguna, como hace la Fuerza Armada Nacional recurrentemente; de allí derivan muchas de las violaciones de derechos humanos", señaló.

Afirmó que la reciente aprobación de la reforma de la Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que establece la creación de cuerpos combatientes, legaliza la actividad paramilitar en el país.

"Al permitir el ingreso de ciudadanos comunes en cuerpos combatientes se legaliza el paramilitarismo en Venezuela. Esto tiene visos de perversidad, sobre todo cuando vemos el surgimiento de grupos de choque al margen de la ley con ideologías marcadas", manifestó.

Como ejemplo de grupos que han hecho uso de armas de guerra del Estado, la abogada mencionó La Piedrita, Alexis Vive y Tupamaro, que no son sancionados de manera correspondiente o ejemplarizante.

Aun cuando la dirigente Lina Ron está presa en la Dirección de Inteligencia Militar por arremeter violentamente contra la sede de Globovisión, en compañía de miembros de algunos de esos grupos, San Miguel dijo que no existen garantías fehacientes para los ciudadanos de que está cumpliendo detención judicial.

"Esto demuestra la limitada accesibilidad que tenemos los venezolanos a informaciones sobre los asuntos de esta naturaleza, y la ausencia de garantías sobre la funcionalidad del Estado en términos de imparcialidad ante la ley para quienes son vistos como opositores o críticos del Gobierno", expresó.

Advirtió sobre el quiebre de la subordinación del poder militar al poder civil, sobre todo en las zonas populares.

Denunció que cada día surgen instituciones de diversa índole, algunas de carácter militar o paramilitar, para quebrar ese principio y manipular políticamente a los ciudadanos, con el fin de que cumplan las directrices que se dictan desde la Presidencia de la República.

Por EDUARDO MÉNDEZ SÁNCHEZ
emendez@el-nacional.com
El Nacional .