Henry Ramos Allup, dirigente de Acción Democrática, ofreció una rueda de prensa desde la Quinta La Piragua, en la que denunció la relación de funcionarios de alto Gobierno con negocios fraudulentos en la emisión de bonos de la Nación y de PDVSA, así como la relación de estos con las compras de los bancos que fueron intervenidos, ahora a puertas cerradas, por el Ministerio de Finanzas.
En su explicación hizo del conocimiento público nombres como los del Tesorero de la Nación, Alejandro Andrade, Pedro Torres Ciliberto, los Hermanos Castillo Bozzo, Omar Faría Luces, Diego Salazar, Arné Chacón Escamillo, Baldó Sansó, y se refirió también al ministro y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez.
Según denunció, todas estas personas antes de abril de 2002 y el paro petrolero eran personas de procedencia “modesta”, que luego se habrían convertido en grandes empresarios y dueños de bancos, a través de actividades relacionadas con compra de bonos, suministros a empresas del Estado y adquisición de pólizas de seguros para instituciones gubernamentales.
Aseguró que para poder realizarse tales transacciones y negocios los involucrados contaron con el apoyo de la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Seguros, dirigidas por Edgar Hernández Behrens y Ana Teresa Ferrini, respectivamente.
Dijo que hasta los momentos el endeudamiento va por el orden de los 70 mil millones de dólares y que se estarían preparando más endeudamientos y la colocación de bonos del Estado, con las empresas CADAFE, el Metro de Caracas, las empresas básicas de Guayana, y CANTV.
Con respecto al caso de los bancos ya intervenidos, dijo que el Gobierno nacional es el único que puede dar la cara por los ahorristas. Sin embargo, aseguró que muy difícilmente los ahorristas van a salvar su dinero.
Asimismo, reafirmó que el Presidente conoce de todas estas actividades fraudulentas, pues él se entera a través de la Policía, los cuerpos de inteligencia cubano, entre otros. Pero que a pesar de conocerlos, solamente se han concretado dos acciones específicas en contra de Ricardo Fernández Barrueco, por la compra de cuatro bancos, y contra los hermanos Castillo Bozo, por la colocación de bonos de PDVSA.
Reiteradamente, hizo un llamado al presidente Chávez para que solicite una investigación a Jorge Yordani al fin de esclarecer la relación de los altos funcionarios que están a su alrededor con estas actividades fraudulentas. “Señor Presidente, estos son delitos continuados que no se hubiesen podido perpetrar sin la ayuda de instituciones del Estado”, dijo.
Finalmente, dijo que seguirán investigando para dar información de otras empresas y negocios involucrados en estos delitos.
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