Por Jesus Torrealba
Según el Diccionario de la Real Academia Española la palabra "prolija, prolijo" tiene tres acepciones: "Largo, dilatado, con exceso; Cuidadoso o esmerado; Impertinente, pesado, molesto". Las tres le vienen como anillo al dedo a la ilegal cobertura que el canal del Estado brindó al acto partidista realizado en la tarde del sábado 7 de junio en Maracaibo para "oficializar" los candidatos con los que el PSUV participará en las elecciones regionales, si es que las mismas llegan a realizarse en el venidero mes de noviembre. ¿Qué cómo es eso de "si es que llegan a realizarse"? Muy sencillo: Usamos esta expresión por la misma razón por la que en el mencionado acto el ciudadano Presidente anunció que "retiraría" y "revisaría" el Decreto-Ley que crea el llamado Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, texto (i)legal llamado popularmente en Venezuela "la Ley Sapeo" y mejor conocido en el exterior como "la Ley Patriota de Chávez".
Efectivamente, pareciera evidente que el oficialismo lanza esta Ley el 28 de mayo para luego retirarla el 7 de junio, por el mismo motivo por el que decretó una explosiva disminución de tarifas para el transporte público el lunes 2 de junio para luego retirarla el jueves 5, y por la misma razón por la que encarcelaron a 17 maestros en Los Teques el miércoles 4, para luego liberarlos 24 horas después. ¿Puede existir una raíz común para todos estos aparentes desatinos, estas idas y venidas, este errar hoy para "rectificar" poco después, cuando ya el escándalo ha sido causado? Es prudente no especular sobre motivaciones presuntas, y en vez de ello referirnos a lo concreto, a los efectos: Cada una de estas medidas, aparentemente inconexas, tienen en común que generan irritación, molestia e indignación en vastos sectores de la población, por lo que han producido protestas y rechazos que a su vez se han traducido en zozobra e inestabilidad.
Ahora, ¿Por qué razón estaría un gobierno interesado en promover inestabilidad y zozobra en su propio país? Pues para evitar algo peor. Y para el proyecto de poder personal del Presidente Chávez al parecer no hay nada peor que tener que entregar el gobierno en el año 2012, tal y como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Voceros calificados del partido del señor Presidente han sido claros al afirmar que obtener una amplia victoria en las próximas elecciones regionales y municipales es fundamental para crear piso político a la presentación de un nuevo proyecto de enmienda constitucional que le permita al señor Chávez lanzarse de nuevo como candidato para un tercer período de gobierno. Al iniciar una ofensiva de provocaciones no solo contra la oposición política sino contra diversos sectores de la población, la cúpula oficialista esta de hecho creando -al lado del escenario electoral que debería tener un desenlace en noviembre próximo- un escenario de inestabilidad, zozobra y eventualmente violencia, que podría serle útil para evitar que el evento electoral se concrete, si es que los indicadores de opinión revelan que su resultado pudiera ser en extremo desfavorable al Gobierno y, con ello, al proyecto continuista.
La burocracia oficial vuelve a usar entonces un recurso que le ha sido útil anteriormente: jugar al ajedrez de la confrontación en diversos tableros simultáneos, para desechar el menos favorable y privilegiar el que si lo sea.
Esto resulta evidente si repasamos las supuestas similitudes y reales diferencias entre la ley "Patriota-Bush" y la ley "Sapeo-Chávez". Al ubicar las características del entorno institucional en el que ambas surgen, resulta evidente que las similitudes son más formales que de fondo. En un país como Estados Unidos, con instituciones fuertes, con poderes públicos independientes y sobre todo con un sistema judicial razonablemente autónomo, si el Gobierno quiere detener a ciudadanos sin orden judicial, intervenir comunicaciones sin autorización de un juez o privar de su libertad a una persona en forma indefinida sin las limitaciones del derecho a la defensa y el debido proceso, debe tener efectivamente un instrumento que de un barniz legal a tanta arbitrariedad, pues de lo contrario no pocos burócratas correrían el riesgo de aterrizar con sus huesos en la cárcel, en un plazo más bien breve. La democracia norteamericana dista mucho de ser perfecta, la presencia de Bush en el Despacho Oval así lo confirma. Pero los hechos son los hechos: En EEUU la violación de los derechos civiles por parte del Gobierno Federal requiere un artificio como la Ley Patriota, posible sólo en el contexto de la histeria colectiva posterior al 11-S.
En Venezuela, lamentablemente, las cosas son muchísimo más graves. La crónica debilidad de nuestras instituciones, la aguda y confesa subordinación de los poderes públicos a los designios del Poder Ejecutivo y, sobre todo, la lamentable sujeción del sistema de administración de justicia a las "líneas" emitidas desde el despacho presidencial (muchos aun recordamos con estupor la imagen de centenares de jueces que, entogados y desenfadados, gritaban consignas políticas a favor del Presidente de la República en el acto protocolar de inauguración del Año Judicial 2006) son circunstancias que no plantean al Poder Ejecutivo en nuestro país la necesidad de camuflaje legal alguno para el ejercicio de la arbitrariedad pura y dura. Así ha sido en los hechos, hasta ahora, de manera que la utilidad política para el gobierno de haber presentado esta "Ley del Sapeo" hay que ubicarla más en el campo de la provocación política que en el de la represión propiamente dicha, ya que ésta última –con ley o sin ella- ha venido siendo aplicada en forma masiva o selectiva, de acuerdo a los intereses tácticos del gobierno.
A conciencia de que es una provocación, ésta debe sin embargo seguir siendo enfrentada de manera resuelta. La Ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia ha pasado, como otras amenazas autoritarias (recordar el llamado "currículo bolivariano") a un estado de hibernación del cual será sacada apenas la burocracia oficial crea que ha llegado el momento de opinión favorable. Esta y todas las demás provocaciones no pueden ser desestimadas con el argumento desgastado de que son "un trapo rojo", pues en su conjunto expresan la voluntad firme de esa burocracia de crear en nuestro país una sociedad cerrada, con una economía totalmente dependiente del Estado y con un régimen político signado por el autoritarismo militarista, el culto a la personalidad y el continuismo que garantice la impunidad de la corrupción. Enfrentar entonces, en las instituciones y en la calle, en los medios y en las comunidades, en el país y en el exterior, todas y cada una de estas provocaciones es un asunto de principios para todos los que creemos en la necesidad de construir en Venezuela una sociedad abierta y justa, con una economía competitiva y eficiente y una transparente democracia participativa y protagónica.
Esa lucha democrática tiene que ser victoriosa. Para ello, es indispensable no perder de vista que la única garantía real de que leyes como la del "Sapeo" o currículos como el "bolivariano" no sean finalmente implantados es derrotando electoral, política, social y culturalmente al proyecto autoritario. Para ello es muy importante que las elecciones regionales y locales de noviembre próximo se realicen, y que en ellas los sectores alternativos a la burocracia autoritaria obtengan un número importante de sólidas victorias, a fin de que el clima político resultante acelere la implosión en la hegemonía gobiernera y haga imposible el afán continuista.
En esa doble dirección, la sociedad esta haciendo su trabajo. Los médicos y enfermeras movilizados, los maestros en conflicto, los transportistas en pie de lucha y las comunidades populares acentuando en las calles sus reclamos por vivienda, vialidad, seguridad y servicios, junto a muchos otros sectores, no constituyen en su combativa simultaneidad expresión de "conspiración" alguna. Es sencillamente un pueblo que nació y creció con la democracia como valor, y que ahora ejerce su democrático y constitucional derecho a la protesta ante una burocracia que asume lo social sólo como señuelo propagandístico, a pesar de disponer de los mas elevados recursos financieros de toda nuestra historia.
Las organizaciones políticas también están haciendo su esfuerzo. Han retornado a un campo en el que su accionar es fundamental, como lo es el ámbito electoral, y se han comprometido allí a presentar opciones unitarias, en lo que ciertamente han avanzado. Ojala que además de unitarias esas opciones sean pertinentes, inclusivas y de calidad, definida esta última característica como la vinculación orgánica y no circunstancial, histórica y no episódica, de tales opciones con las luchas y aspiraciones de las comunidades que aspiran liderar, pues sólo así se podrá obtener, además de triunfos electorales, la posibilidad de construir gobernabilidad y gobernanza en cada vez más espacios sociales y geográficos del país, mientras un declinante poder central se sigue sumiendo en la anarquía y el desorden.
La "Ley Sapeo" es, pues, apenas un síntoma. El gobierno la lanza y retira porque su objetivo es crear zozobra e inestabilidad, pretensión respondida por el país con una movilización de opinión alerta, serena y firme. Pero el problema de fondo es el proyecto autoritario. Derrotarlo, además de necesario, es perfectamente posible por el mismo motivo que fue posible derrotar el intento de reforma constitucional en diciembre del 2007: Porque ese proyecto autoritario tiene en la acera de enfrente no a lo que convencionalmente se define como "oposición", sino a una determinante mayoría del país, integrada por sectores que siempre han sido críticos al discurso oficial y también por sectores que, animados por un legítimo deseo de cambio democrático, alguna vez apoyaron al oficialismo y hoy se encuentran en una dinámica de desencanto progresivo.
Lograr que ese heterogéneo conjunto de sectores sociales y políticos deje de ser una "mayoría contra" (contra la reforma, contra el currículo bolivariano, contra la "ley sapeo", etc.) y pase a ser una "mayoría pro" un proyecto alternativo de país, que supere tanto al presente autoritario como al pasado que lo hizo posible, pasa porque ese proyecto aparezca nítidamente dibujado ante el pueblo y sea expresado por actores creíbles. Esa, ciertamente, es otra historia. Pero para encontrar sus claves quedan apenas cuatro años, un tiempo que parece mucho visto desde la impaciencia compulsiva pero que en realidad resulta corto si es apreciado desde la magnitud del logro que es necesario construir: no volver a facilitarle el triunfo al proyecto autoritario con un país dividido por el morbo polarizador, sino vencer al proyecto autoritario con un país unido por un proyecto de esperanza.
En los barrios, donde la delación se paga con la vida, estamos felices de vivir en un país sin la "Ley Sapeo". Pero nuestra felicidad sólo será completa cuando vivamos en una Venezuela en la que leyes como esas, así como los "liderazgos" que las invocan, redactan y justifican, sean sencillamente impensables. Ese es el reto.
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