Los contralores de los estados Aragua, Cesar Otero, Táchira, Omaira Leon y Lara, Juan Pablo Soteldo, dieron hoy su respaldo al contralor general Clodosvaldo Russián por el caso de las inhabilitaciones presentadas ante el CNE.
Omaira León, contralora del estado Táchira, manifestó su apoyo “incondicional” al contralor General de la Republica, Clodosbaldo Russián, respecto a la inhabilitaciones de precandidatos a las regionales de este año, y aunque recalcó no se alegra de la decisión, “hay cierta satisfacción pues los funcionarios que iniciaron ese procedimiento que concluyó en el 105 realizaron una labor buena”.
Desde la sede del máximo ente contralor, León manifestó “nuestro incondicional apoyo a la ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y del articulo 105″.
Explicó que “muchas de esas responsabilidades administrativas, requisito indispensable para que se aplique el 105 han nacido de nuestras contralorías, que por mandato del mismo artículo debemos referirlas a esta Contraloría para que él de una manera exclusiva y excluyente previo estudio y análisis de la magnitud de la falta administrativa, aplique las sancione en él establecidas”.
Luego de un resumen histórico de los artículos de la ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, principalmente del artículo 105, indicó, que “se dice que es un artículo inconstitucional, porque supuestamente está violando derechos políticos, no, lo que dice es que el Contralor tiene la facultad de aplicar sanciones, entre ellas inhabilitar hasta por quince años aquel funcionario público que haya comprometido su responsabilidad en el manejo de los recursos, que el pueblo confiando en ellos les otorgó”.
A juicio de la Contralora, los funcionarios que hayan comprometido su responsabilidad en el manejo de los recursos, “han defraudado al pueblo porque el pueblo les dio su voto, pero hoy muchos de ellos no pueden repetir, no porque el Contralor les diga que no, sino que en su momento salieron varias decisiones del TSJ que establecían que los funcionarios que habían llegado al cargo por elección popular no podían ser retirados de sus cargos, sino a través del referendo popular”.
Explicó que para llegar a la aplicación del 105 son muchos los pasos previos, y que aunque no se alegra de la decisión, “hay cierta satisfacción pues los funcionarios que iniciaron ese procedimiento que concluyó en el 105 realizaron una labor buena, que soportó todas las revisiones y todas las defensas porque todos estos señores se han defendido en las contralorías estadales o en la CGR, y han pasado excelentes abogados para defenderlos y no lograron desvirtuar que habían cometido una falta administrativa”.
Vía Unión Radio
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