La impunidad es roja rojita

Para Chávez era imperativo desviar las múltiples acusaciones como responsable de la masacre.

La salvaje sentencia a 30 años de prisión para los tres comisarios y cinco PM se ha convertido en la más contundente prueba de la utilización oficial de la justicia para desviar la atención de la opinión pública sobre los crímenes gubernamentales.

Chávez, mentor de esta sentencia, y la “jurista del horror” -como ya muchos llaman a la politizada jueza Marjori Calderón- no calibraron los miles de barriles de gasolina que están lanzando a la candela nacional, indignada como está por los incumplimientos laborales y sociales, por la crisis generada en la corrupción y despilfarro oficial, y sobre todo por la creciente violencia que arrasa vidas y bienes de los venezolanos.

Hay que conocer la brillante defensa de los comisarios Vivas, Forero y Simonovis a través de la cual desmontan, por falsas, todas las acusaciones de la Fiscalía (representada por la fundamentalista hermana del ministro de policía del régimen) y leer la aberrante sentencia de la jueza Calderón, para convencernos de que los comisarios y PM estaban condenados antes de ser emitida la orden oficial de privación de la libertad. Para Chávez era imperativo desviar las múltiples acusaciones dirigidas hacia él como el responsable de la masacre de inocentes ocurrida el 11 de abril de 2002. Todos escuchamos a Barreto mandando a las huestes chavistas a atacar con violencia la pacífica marcha. También escuchamos las órdenes de Tiburón 1 (Chávez) a Tiburón 2 (general Rosendo) para que aplicase el Plan Ávila, o lo que es lo mismo, para que los militares disparasen contra los marchistas. Vimos la macabra cadena emitida con el fin de que la televisión no transmitiera la matanza que ocurriría después y que ejecutarían los francotiradores ubicados en zonas de seguridad militar (azotea del Edén y otros similares) y los pistoleros de Puente Llaguno (PPLL). Tan maquiavélica fue la estrategia, que los canales de televisión tuvieron la valentía de partir la pantalla para que Venezuela y el mundo pudieran presenciar el horror programado desde el Poder.

Lo que ocurrió después ya es harto conocido. La mayoría parlamentaria oficial nunca permitió el nombramiento de una “Comisión de la Verdad”, negativa subrayada por una campaña sistemática de satanización de los comisarios Vivas, Forero y Simnonovis, mientras que los PPLL (en su mayoría con antecedentes penales y con carnet de funcionarios públicos) eran los buenos. Las nítidas imágenes de televisión en las que Richard Peñalver y otros disparaban frenéticamente contra la marcha, eran, según la versión oficial, una manipulación mediática. Ya con el aparato judicial convertido en arma para castigar a los inocentes y exculpar a los verdaderos criminales, la jueza Calderón cerró el ciclo del horror: los PPLL fueron liberados en tiempo récord y vitoreados como héroes de la revolución, mientras que los Comisarios y los cinco PM fueron condenados a 30 años de prisión.

Sobran pruebas de que, desde el Gobierno, se ampara a miles de delincuentes que fungen como defensores de la revolución y se constituyen en grupos de choque para causar terror en la población. Sorprende comprobar cuántos sujetos con antecedentes penales están en la nómina oficial. Además de los PPLL, hay un gran número de policías de la PM empleados por Barreto provenientes de grupos delictivos del 23 de Enero, como Tupamaros, La Piedrita y otros. Todos ellos gozan de impunidad para la comisión de sus delitos. Por ejemplo, el único sobreviviente del tiroteo que dejó a tres personas asesinadas en la Autopista Francisco Fajardo, Carlos Bolívar, había asesinado a un joven en 2006 lanzándolo desde lo alto de un centro comercial cuando salían de una discoteca, y herido a otro. Los detectives del Cicpc se sorprendieron al encontrarlo en la clínica privada donde fue internado, pues lo suponían preso. Fue liberado por un juez rojo rojito al saber que Bolívar se desempeñaba como escolta de un vecino del 23 de Enero nombrado por Barreto Secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor. En la actualidad Bolívar es funcionario de la AN. En el allanamiento al edificio Potosí (que los invasores llenaron de pancartas a favor de Chávez) se encontró a 13 homicidas, entre ellos al jefe de la banda, quien había descuartizado al jefe anterior y lanzado sus brazos al Guaire, acusado de desmembrar a sus víctimas y practicar fútbol con sus cabezas. Al ser detenido, presentó una credencial como funcionario de Protección Civil (¡la protección civil en manos de una descuartizador!).

En 2008 se cometieron en Venezuela 14.400 homicidios y en el primer trimestre de este año 4.659. Eso indica que al finalizar 2009 se habrán registrado más de 18 mil crímenes. Mientras los delincuentes gozan de impunidad, los Comisarios son condenados a la pena máxima y la GN, la DIM y la Disip reprimen a Rosales y a Ledezma. ¿Puedes asegurar que el próximo no serás tú?

Marta Colomina
El Universal / ND